El trabajo que presentamos tiene por objetivo reunir en un solo texto todas las normas jurídicas, sean constitucionales, legales o reglamentarias, que son aplicables a las empresas públicas, en su amplio sentido, esto es, entendiendo por tales tanto las empresas públicas creadas por ley como las sociedades del Estado.
El estudio – y más aún el tráfico jurídico – de las empresas públicas ofrece permanentes dudas. En efecto, la cláusula constitucional conforme a la cual éstas deben actuar según el derecho común aplicable a los particulares, más que esclarecer las normas que gobiernan determinado asunto oscurece el hecho de que las empresas públicas no son sino un accesorio más del Estado que integran o que las fundó.
La relevancia pública de las empresas explica entonces que el legislador se ocupe continuamente de ellas, dando reglas que son exorbitantes del derecho común. En algunos casos se tratará de privilegios, pero en muchos otros casos nos encontramos con cargas que son ajenas al derecho común. El intérprete tiene, entonces, en sus manos, la tarea de ponderar la vigencia de los elementos de derecho público y de “mercado” en el tráfico de las empresas.
El presente trabajo no busca tomar posición sobre el alcance de las cargas que muchas de las normas aquí reunidas imponen a las empresas públicas. Pero sí pretende presentar en un solo lugar las numerosas normas – varias de ellas bien antiguas – que rigen el actuar de las empresas públicas.
El texto se organiza en dos partes principales, una parte general y una parte especial. En la parte general se reúnen y clasifican aquellas normas legales y reglamentarias que se aplican a la generalidad de las empresas del Estado, sin importar el sector en el que se desempeñen ni, en principio, su naturaleza jurídica. En primer lugar, se reúnen las normas constitucionales que condicionan el actuar de las empresas o la relación del Estado con ellas. Asimismo, se muestran las normas básicas sobre su organización y principios básicos rectores, destacando la Ley de Sociedades Anónimas y la reciente Ley Nº 21.356 sobre paridad de género en los directorios.
En segundo lugar, encontramos las normas actuales sobre contratación de las empresas del Estado, que cobran especial importancia después de la aprobación de la Ley Nº 21.634.
En tercer lugar, se reúnen las principales normas sobre administración financiera, algunas de ellas muy dispersas. Destaca también la inclusión de las disposiciones seleccionadas de la última Ley de Presupuestos del Sector Público, en lo que son expresamente aplicables.
En cuarto lugar, el texto incluye aquellas normas de orden laboral que son expresamente aplicables a las empresas del Estado.
En quinto lugar, se muestran aquellas normas sobre bienes de las empresas públicas que tienen, expresamente, un régimen especial, incluyendo en ello aquellas sobre su enajenación.
En sexto lugar, el trabajo reúne las normas sobre el control de las empresas públicas. Esta sección reúne normas que presentan continuas preguntas en el tráfico de las empresas públicas. Las reglas se han ordenado según el sujeto activo del control. Se comienza por mostrar el control en manos de la ciudadanía, el que se ejerce principalmente a través del ejercicio del derecho de acceso a la información pública. Luego, se muestran las facultades de control que ejerce el Congreso Nacional (fuera de la fiscalización de la Cámara de Diputados). Finalmente, se observarán aquellas normas que regulan el control en manos de la Contraloría General de la República, y sus diferentes expresiones: potestad dictaminante, sumarios y auditorías.
En la última sección se encontrará una selección de las normas sobre responsabilidad penal, en cuanto es aplicable a las empresas estatales.
En la parte especial se ha dedicado una sección a cada sector o empresa que resulta relevante, pasando desde su ley constitutiva o habilitante a las principales normas que rigen su actuar. Así se encontrarán secciones dedicadas a las empresas del sector minero (ENAMI, Codelco y ENAP), del sector servicios (Banco Estado, Polla Chilena de Beneficencia, ZOFRI, empresas sanitarias y Casa de Moneda), del sector comunicaciones (Correos de Chile y TVN), del sector transportes (EFE, Metro, EMPREMAR, las empresas portuarias y el Fondo de Infraestructura), y del sector de la defensa nacional (FAMAE, ASMAR y ENAER).
Desde ya pido disculpas por las omisiones que el lector pueda descubrir. El edificio del derecho público se hace insondable incluso para quienes lo estudiamos con entusiasmo.
Además, quisiera agradecer la enorme colaboración de don Gonzalo Maturana, mi ayudante en la Universidad Diego Portales. Sin él, este trabajo habría tardado mucho más. Los errores y omisiones en este trabajo son, en todo caso, míos.
En definitiva, esperamos que este texto sirva como fuente de información y de estudio, y que colme la necesidad de encontrar, en un solo lugar, todas las normas aplicables a las empresas del Estado.