Hoy en día no cabe duda respecto de la importancia trascedente que la actividad contractual del Estado ha adquirido en los últimos años. En este devenir, la dictación de la Ley N° 19.886 y de su reglamento ha marcado un hito fundamental.
No obstante, la complejidad creciente de la actuación administrativa y de las necesidades públicas que debe satisfacer, ha planteado nuevos desafíos a la labor interpretativa y la aplicación de sus preceptos.

De esta forma, frente a la escasa densidad normativa que caracteriza a la ley de compras públicas, resulta fundamental recurrir a la jurisprudencia administrativa y judicial para resolver los problemas de diversas magnitudes que día a día deben enfrentar los servicios públicos y los administrados en sus relaciones contractuales y en el desarrollo de las modalidades de adquisición de bienes y servicios regidas por la citada ley N° 19.886 y su reglamento.
En este sentido, el Código de Contratación Administrativa pretende ser una herramienta útil y actualizada de consulta para funcionarios, autoridades, abogados, jueces y particulares.